7 ene. 2010

Reseña en la Revista PUENTES (Nº 27, La Plata, diciembre de 2009)

"Un libro especial: El derecho a tener derechos "

Así se titula un manual de derechos humanos pensado para organizaciones sociales que acaba de tener su segunda edición, prologado por Roberto Gargarella. Es producto de una experiencia de larga data en la que participaron abogados, comunicadores, investigadores sociales y artistas.

Por Daniel Badenes

El derecho a tener derechos nació de una suma de prácticas militantes urgentes, siguió como una propuesta de extensión universitaria y ahora es –además- un producto editorial: un manual de derechos humanos atípico, orientado a la demanda colectiva respecto a derechos que las leyes consagran pero la mayor parte de las veces quedan en letra muerta.
Varios de los autores de ese manual –del que acaba de presentarse su segunda edición en menos de un año- participaron de los libros colectivos La criminalización de la protesta social (Agrupación HIJOS y Ediciones Grupo La Grieta, 2003) y Políticas de terror. Las formas del terrorismo de Estado en la globalización (Ad-Hoc, 2007, reseñado en Puentes 21). Más de una vez hicieron o recibieron llamados de urgencia por un desalojo o la detención de un compañero; más de una vez se encontraron respondiendo las mismas preguntas.
En el prólogo del libro, el constitucionalista Roberto Gargarella caracteriza el sistema político argentino como una democracia herida. Allí sostiene: Las vías de acción pública que han quedado en nuestro poder son extra-institucionales o directamente ilegales: primero se coloca a parte de la sociedad fuera de la ley, y luego se le reprocha el actuar desde fuera del derecho.
La obra de Gargarella, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, es una de las influencias del trabajo desarrollado en La Plata. Sus libros El derecho a la protesta: el primer derecho y El derecho a resistir el derecho, lo convirtieron en un referente para justificar la protesta social desde una perspectiva constitucional. El manual, que tuvo primero una tirada financiada por la Universidad Nacional de La Plata –de distribución gratuita entre organizaciones sociales- y ahora llega a las librerías con el sello de la editorial El Colectivo, se propuso llevar esas ideas a los barrios para convertirlas en herramientas de la movilización social.

Ampliar la democracia

El problema no es del voto, sino de la absoluta ausencia de mecanismos que ayuden al voto, lo complementen, permitiendo el diálogo, la circulación de voces capaces de ayudarse y corregirse mutuamente, escribe Gargarella. Como explican los autores de El derecho a tener derechos, muchos ciudadanos que ejercen cargos en el Estado (funcionarios, jueces y fiscales) o desarrollan su actividad profesional en los medios masivos de comunicación privados, impugnan la protesta social porque desconocen o se niegan a reconocer su estatus constitucional. Para estos ciudadanos, que casi siempre forman parte del mismo sector social (los sectores altos y medios), no habría que enfocar la protesta desde la Constitución Nacional sino desde el Código Penal (...) Esta mirada criminalizadora percibe a los sectores marginados como un peligro para la democracia, sin darse cuenta (o no queriéndolo hacer) que al perseguirlos jurídicamente no sólo están clausurando la democracia para importantes sectores sociales, sino proscribiendo la política, es decir, impidiendo a esos sectores ejercer el autogobierno.
Un Estado verdaderamente democrático, plantean, debería proteger en lugar de acallar la protesta, custodiar la expresión de los grupos desaventajados de la sociedad. No sólo porque la protesta social, en tanto libertad de expresión y de reunión, es el nervio de la democracia, una de las formas que asume el compromiso cívico, sino porque esos grupos protagonistas de la protesta no tienen las mismas oportunidades que otros sectores para expresar los problemas que obstaculizan el desarrollo libre de su plan de vida.
Los derechos se tienen cuando se ejercen, esa máxima del héroe independentista y poeta cubano José Martí atraviesa la publicación coordinada por Esteban Rodríguez, Mariana Relli y Gabriel Appella, que se propone repasar todo lo que el Estado prometió en tratados internacionales, y forjar con ello estrategias de lucha por el trabajo, la educación, salud o la vivienda. Un capítulo completo está dedicado a fundamentar el nervio de la democracia. En sintonía con Gargarella, afirman que el derecho a la protesta es el primer derecho en un estado democrático porque es el derecho que permite a los ciudadanos (sin la necesaria mediación de sus representantes) exigir públicamente la recuperación de los demás derechos.
El capítulo inicial, Promesa y actualidad de los derechos humanos, confronta todo aquello que el Estado se comprometió a garantizar, como contracara de su imagen cotidiana: el creciente abandono de los servicios básicos, la desidia del asistencialismo social y la violencia abusiva de los agentes policiales.
Los siguientes capítulos se dedican a temáticas específicas, entre las que se destacan los derechos frente a la violencia policial. La elección temática –que lejos está de agotar las promesas del Estado- encuentra explicación en la génesis del manual: un trabajo previo realizado durante años junto a las organizaciones sociales de la región.

Un ejercicio colectivo

El proyecto de El derecho a tener derechos empezó –y continúa- con talleres realizados con los militantes de los barrios en torno a temáticas definidas según sus necesidades, luego abordadas en los distintos capítulos: los derechos frente a abusos de las fuerzas de seguridad, los alcances del denominado derecho a la ciudad, y estrategias de comunicación comunitaria para superar el bloqueo mediático y replicar la experiencia en los barrios donde trabajan los grupos sociales destinatarios de la experiencia. Antes de ese trabajo se registra una larga experiencia de asesoramiento y defensa judicial de activistas, sumada a la reflexión académica sobre la criminalización de la pobreza y la protesta social desde un seminario organizado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
El manual se alimenta, sobre todo, de los talleres realizados con organizaciones territoriales a lo largo de años, formalizados en tres proyectos de extensión acreditados por la U.N.L.P. en 2005, 2006 y 2007, con la participación de varias facultades. El financiamiento de la iniciativa –con el aporte, también, de la Universidad Nacional de Quilmes- permitió la primera edición. La publicación lleva además el sello del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (C.I.A.J.) y la organización político-cultural Galpón Sur, partícipes del proyecto. Recientemente, la experiencia fue acreditada como programa de extensión universitaria en la U.N.L.P., lo que garantiza una continuidad por tres años más. Este año el equipo de concentró en hacer circular el manual presentándolo en distintas provincias y en algunos países de América Latina (Uruguay, México y Colombia) y realizando talleres para que las organizaciones le den uso en lugar de permanecer inmóvil en alguna biblioteca. En 2010 tienen previsto seguir el trabajo con un tema candente: los derechos de niños y adolescentes.
Lo más significativo del manual es que piensa en un interlocutor colectivo más que en un ciudadano suelto: La única manera de garantizar su ejercicio, sobre todo al interior de los sectores marginados, en situación de desventaja y vulnerabilidad, es la organización (...) No hay derechos sin organización.
No estamos ante la clásica guía de recomendaciones que enumera la policía no te puede detener sin razones. Al contrario, dice: la policía te detiene, y lo hace por ser morocho y pobre. Una vez asumida la realidad, propone respuestas alternativas al qué hacer cuando nos paran, cuando nos roban los documentos, cuando nos cachean y nos revisan, cuando nos llevan a la comisaría, cuando nos detienen más tiempo del que corresponde, cuando nos incomunican, cuando nos torturan, cuando nos empapelan (es decir, frente a una causa armada o fraguada) o ante casos de gatillo fácil, entre otras respuestas necesarias.
Un capítulo fundamental es el que se ocupa de la violencia de las fuerzas de seguridad, que tiende a ser la cara más conocida del Estado entre los sectores populares. El manual pone de relieve su ilegalidad y enseña formas de defenderse. Allí queda claro que la propuesta está dirigida a organizaciones sociales y no a sujetos individuales.
La propuesta de El derecho a tener derechos estimula que los ciudadanos se agrupen para defenderse y alienta la protesta social. Por eso, parte de los consejos refieren a cómo enfrentar la criminalización por intimidación pública, por sedición, por coacción o extorsión, por desobediencia a la autoridad o por daños, es decir, las formas más habituales de judicialización de una manifestación social. Por otra parte, detalla las modalidades del creciente abuso policial en la vida cotidiana. La policía no está para resolver la inseguridad objetiva (el delito) sino, sobre todo, la inseguridad subjetiva (el miedo al delito). La policía no persigue acciones ilícitas sino colectivos juveniles estigmatizados por la sociedad como vagos o sospechosos, advierten los autores.
En un aparado enfocado a rutinas aparentemente banales, apuntan que mirada la actuación policial a través de una situación particular, caso por caso, no hay delito. Pero si atamos cada uno de estos actos, si los comenzamos a relacionar, si empezamos a cruzar los datos, enseguida se podrá echar luz sobre estas prácticas, caracterizarlas y reencuadrarlas como posibles delitos. En tal sentido, la sugerencia es que las organizaciones sociales desarrollen un registro donde anoten los compañeros o vecinos que fueron detenidos o demorados, el día, la hora y el nombre o chapa del o los policías o el número de patrulleros si lo sabemos. (...) Con este registro no sólo se buscará determinar los protagonistas de estas prácticas institucionales sino, sobre todo, constatar que dichas prácticas siempre o casi siempre recaen sobre los mismos individuos o grupos de personas. Todo ello con miras, el día de mañana, a hacer alguna denuncia o presentación judicial (por ejemplo, presentar un habeas corpus preventivo) contra las prácticas o rutinas policiales por considerarlas abusivas, discriminatorias y violentas.
Este Manual de derechos humanos destinado a las organizaciones sociales no pretende ser completo, aclaran desde un principio: no van a encontrar aquí un apartado referido a los derechos que tienen las mujeres o los niños, o los aborígenes, o los inmigrantes, o los campesinos, y tampoco las estrategias posibles a desarrollar para poner de manifiesto los problemas que puedan tener esos grupos. Lo que sí queda planteado es el camino, una ejemplar experiencia de trabajo conjunto entre la universidad, organizaciones de derechos humanos y actores sociales de los sectores populares, que supo reconocer algunas tareas pendientes de los organismos de derechos humanos en Argentina, abocados hasta entonces fundamentalmente a la lucha contra los autores materiales e ideológicos del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar y contra la impunidad.

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