16 ene. 2010

Presentación del Manual en Colombia

Colombia: TIERRA CALIENTE


Compañeros del Programa de extensión “El Derecho a tener derechos” viajamos a Colombia a presentar el Manual y realizar talleres en la Universidad Surcolombiana de Neiva, capital del departamento del Huila. También estuvimos en Bogotá donde nos entrevistamos con organismos de derechos humanos. William Torres, Director de la Maestría en “Conflicto, Territorio y Cultura”, fue el impulsor de este intercambio que promete continuidad.

En el mes de diciembre del 2009, cuando la vida universitaria entraba en su etapa final, tres integrantes del Programa de extensión de la UNLP, “El derecho a tener derechos”, miembros del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), viajamos hasta Colombia a presentar y trabajar sobre la experiencia que se viene desarrollando desde hace cinco años en Argentina. En Neiva realizamos tres jornadas de talleres y una conferencia en Universidad Surcolombiana. A su vez, compartimos una charla junto a Familiares de detenidos desaparecidos de Colombia (ASFADDES) en la misma Universidad. Mantuvimos un encuentro con el Sindicato de Docentes Universitarios. Y visitamos la Escuela Popular de la Comuna 8 de Neiva. En la ciudad de Bogotá, nos reunimos con HIJOS Colombia, con el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), con el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género HUMANAS y con la compañera abogada Iris Lacalle. Fueron diez días donde conocimos a distintos grupos sociales que desde sus lugares, luchan y creen en una Colombia diferente.





Charla en el Agora de la Universidad Surcolombiana sobre Derechos Humanos y Memoria


Charla “Derechos Humanos y Memoria”

La primera intervención en tierra colombiana fue en el marco de una Charla organizada por la Central Única de Trabajadores (CUT) en la Universidad Surcolombiana. La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), a través de su representante Gloria Gómez, remarcó la importancia de luchar por la “memoria de los miles de desaparecidos y asesinados por paramilitares y por el ejército del Estado Colombiano”. Nosotros compartimos un breve diagnóstico acerca de la situación de los juicios a los militares responsables del genocidio ocurrido en la última dictadura militar. Y comentamos los escraches de la agrupación HIJOS explicando el sentido que adquiere simbólicamente en la sociedad, una justicia popular que marca y señala en el barrio a aquellos militares que cometieron delitos de lesa humanidad y que hoy, muchos de ellos, mantienen prisión domiciliaria o están alojados en alguna cárcel de los propios militares. Pero también los escraches como una práctica comunitaria de construir memoria, de conjurar el olvido y la banalidad social.







Conferencia de Esteban Rodríguez en el aula magna de la Universidad Surcolombiana sobre "El derecho a la protesta social"

Los Talleres y la conferencia

El desafío en Colombia fue trabajar en el marco de un curso de talleres intensivos con el objetivo de replicar la experiencia argentina y vincularla a la coyuntura colombiana. Para semejante desafío, se trabajó en cuatro encuentros donde se abordaron pedagógicamente metodologías de investigación e intervención social, categorías para identificar situaciones problemáticas, derechos humanos, actores sociales y contexto. A su vez, se reflexionó acerca de las nociones y alcances de la extensión universitaria tanto en Argentina como en Colombia. En estos talleres también se abordaron matrices para pensar estrategias desde la extensión universitaria en vínculo con organizaciones sociales. Y además, se reconstruyó el trabajo previo de nuestra experiencia que desembocó en la elaboración del Manual. El trabajo sobre la concepción del derecho a la protesta social como el primer derecho y la reconstrucción del manual y de su matriz dialéctica, que tiene como punto de partida la situación real de los sectores más desprotegidos, tuvo como objetivo iniciar un trabajo para elaborar un manual aplicado a la situación colombiana.

En los talleres surgieron muchas problemáticas. Entre ellas, el problema de los campesinos desplazados de sus tierras en zonas rurales fue una de las situaciones más resaltadas. Son miles de familias que deben dejar forzadamente sus hogares e “invaden” (ocupan o toman) tierras en las periferias de las grandes ciudades para poder vivir. Al desarraigo que acompaña a los desplazados (campesinos que se van a vivir a una ciudad, campesinos de Medellin que se van Huila) se le suman los estigmas a través de los cuales los lugareños toman distancia y se los discrimina.

También se abordó el conflicto político militar entre el Gobierno de Colombia y las Farc, entre las Farc y los Paramilitares, entre estos y el gobierno, son algunas de las causas de estos desplazamientos. A su vez, surgieron temas referidos a las problemáticas de los jóvenes que residen en las comunas periféricas, la violencia política, los miles de desaparecidos y asesinatos políticos, el trabajo infantil, el hostigamiento policial, la militarización, el desempleo, entre otros.

La discusión acerca de la extensión, llamada en Colombia “Proyección social”, recayó en la necesidad de no entender la extensión como servicios a terceros. La extensión en la Surcolombiana no tiene jerarquía y según los estudiantes de maestría y de grado, la “proyección social” necesitan recuperar su espíritu comunitario, como alguna vez lo tuvo. Entre paréntesis, celebramos que una Maestría contemple como trabajo de tesis no solo la investigación sino la extensión universitaria. De esa manera la universidad aporta una serie “paraguas” a los trabajos territoriales que se mantienen en un contexto de fuerte represión y persecución estatal.

Otro de los momentos ricos de los talleres fue la instancia dedicada a pensar en estrategias de intervención desde la Universidad para transformar las situaciones problemáticas reconocidas. Los compañeros colombianos plantearon una diversidad de proyectos y actividades para generarlos desde sus espacios. El trabajo en las comunas con actores sociales, la realización de diagnósticos comunitarios, la intervención desde la comunicación comunitaria, lo jurídico, lo político, el arte y desde la educación popular enmarcaron un itinerario de variadas propuestas que podrán retomar durante este año.

El último taller estuvo dedicado al trabajo sobre el Manual. Trabajamos sobre la matriz dialéctica que supone reconocer situaciones problemáticas y los sectores sociales que las padecen, identificar qué derechos se están vulnerando y cuáles son las respuestas del estado y de otros actores de la sociedad civil. Y al mismo tiempo, pensar en estrategias, en qué hacer para transformar la realidad social. Este trabajo nos permitió recuperar el trabajo de los talleres previos y la tarea fue construir piezas de un fututo manual donde pedagógicamente se aborden problemáticas de derechos humanos a partir de una construcción dialéctica. Este taller culminó con una dramatización de las situaciones planteadas donde los talleristas, entre risas y actores improvisados, llenaron de alegría el espacio de educación.

El último encuentro la realizamos en la oficina de la Maestría con William Torres y los maestrandos quienes nos contaron sus proyectos de tesis e intercambiamos propuestas para enriquecer sus trabajos y los nuestros. Quedó la propuesta en pie, la de elaborar un Manual allá en Colombia.

En los talleres se proyectaron dos videos, uno sobre la experiencia de los talleres de derechos realizados en el año 2006 y otro relacionado al curso de promotores de salud llevado adelante en el 2008 y 2009. El documental Marche Preso, la criminalización de la protesta social fue proyecto en el marco de la conferencia que dictamos en el auditorio de la Universidad junto a un centenar de estudiantes y docentes universitarios.

Un destacado espacial fue la participación activa en los talleres del Director de la Maestría William Torres, y la Jefa de la Carrera de Comunicación Social Jacquelin García, quienes se pusieron a la par de sus estudiantes de maestría y de grado, y colaboraron en cada oportunidad que se los requería. También es para mencionar, las ricas viandas que amortiguaban el calor y la energía puesta en estos talleres.

La evaluación de los talleres fue positiva, donde se remarcó las ideas clave como “no hay derechos sin organización social”, “los derechos se tienen cuando se los ejerce”, “el punto de partida es la situación problemática”, y “el abordaje de los derechos se efectiviza de manera colectiva”.


Conferencia de Franco Pedersoli en el aula magna de la Universidad Surcolombiana

Franco Perdersoli entrevistado por medios locales

Esteban Rodríguez en los talleres

Gabriel Appella en los Talleres

Franco Pedersoli en los Talleres


Trabajando en los talleres


Proyección del documental "Marche preso"


Representación de los talleristas




Reunidos en la oficina de William

Con William Fernando Torres


Los talleristas y nosotros

Reunión con ASPU 

 
Con los compañeros sindicalistas docentes


En Neiva también, estuvimos con los compañeros de la Asociación Sindical de Profesores Universitario de Huila, que nos contaron las persecuciones por parte del gobierno y de grupos paramilitares que están operando al interior de la Universidad. Estos últimos, al mejor estilo Tiple A en Argentina, confeccionan listas negras de docentes, alumnos y graduados para que abandonen la Universidad, caso contrario “toman medidas”. Nos contaban también cómo, en los últimos años, el gobierno les ha endosado a cada Universidad, para que se haga carga con el mismo presupuesto, de las cajas de jubilaciones y pensiones, lo que significó una reducción considerable de los recursos para sostener la educación universitaria. Ello llevó no sólo a que varias universidades establezcan cupos y aumenten los aranceles, sino a tener que vender servicios a terceros, es decir, a priorizar aquellas carreras que aportan mayores recursos para el sostenimiento de la Universidad en detrimento de aquellas otras que, por las particularidades de la disciplina (las humanistas por ejemplo) no tiene mayores posibilidades de vender servicios a terceros.


                           Con Iris Marin Ortiz                                 

Visita a la Escuela Popular “Claretiana”


Docentes de una escuela enclavada en el medio de la Comuna 8 situada en la periferia de Neiva, habitada en su gran mayoría por familias campesinas desplazadas del sur del Huila, nos invitaron a conocer una experiencia de educación popular iniciada en los años 80. Esta escuela nació como iniciativa de un grupo de mujeres y fue construida comunitariamente por residentes de la Comuna el Barrio los Alpes y hoy está reconocida por el Estado colombiano. Allí las clases son diferentes, se enseña las distintas materias a través de la vida cotidiana de los niños. Niños que, en varias ocasiones, son acompañados por sus padres para compartir actividades de educación popular. Ellos, los padres, también tienen espacios de formación en la escuela a contraturno.

La escuela es el centro de referencia de la comunidad. Tienen una ventaja, fue construida ladrillo por ladrillo por los vecinos del barrio. Las docentes nos contaban que trabajan sobre la identidad del barrio y que tienen como proyecto montar una radio educativa infantil en la escuela.


En Bogotá, encuentro con ILSA

El Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) nos recibió en su sede de Bogotá para compartir ambas experiencias. Manual de por medio, Jorge Enrique Carvajal Martínez, uno de sus directivos ejecutivos, nos relató la experiencia de esta organización que trabaja en la investigación, promoción, educación y comunicación sobre temáticas de derechos humanos. Entre ellas, litigio internacional, derecho y cambio social, medio ambiente, derecho y participación social, derechos económicos, sociales y culturales, incidencia en políticas públicas, migraciones y desplazamientos forzados, derechos de la mujer, conflicto armado, ayuda humanitaria a los desplazados, tierra y vivienda, “el derecho al retorno de los desplazados”. Estas temáticas son abordadas a través de la investigación, en vínculos con organizaciones sociales, a través de la capacitación y el empoderamiento para la incidencia en políticas públicas, trabajando con estudiantes universitarios en consultorios jurídicos gratuitos en la comunidad.

ILSA, con más de 30 años de trayectoria, genera planes trianuales para abordar en profanidad las problemáticas vinculadas a los derechos humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad social de Colombia. Esta organización nos planteó que en su país existe muchas violaciones a los derechos civiles y políticos y que gran parte de la sociedad, está aceptando un gobierno de corte dictatorial. La llamada “seguridad democrática” que está destinada a aniquilar a las guerrillas principalmente, tiene como telón de fondo un imaginario del olvido de aquellos crímenes cometidos por el Estado y por grupos paramilitares; una sociedad que otorga carta blanca para que el país esté militarizado, con una fuerte presencia de los militares en las zonas periféricas de las grandes ciudades; un imaginario social alimentado por las continuos fracasos de anteriores gobiernos que prometieron la paz, negociaron con los grupos insurgentes y al mismo tiempo, los traicionaba firmando el Plan Colombia, abriendo las puertas a las bases militares norteamericanas.


Con HIJOS Colombia


Camilo, uno de los fundadores de HIJOS, agrupación de militantes y de hijos de desaparecidos y asesinados por el Ejército y los Paramilitares, nos recibió en Bogotá. Le entregamos material de HIJOS La Plata y el Manual y en un bar del Barrio la Candelaria, Camilo nos relató minuciosamente el contexto político colombiano que dio origen a esta agrupación.

Camilo hizo un recorrido histórico comenzado por las resistencias de los campesinos del Tolima, aquellos que habitaron la llamada “República del Marquetalia”. En esta zona, el ejército no podía entrar porque se conformaron grupos de campesinos liberales y comunistas liderados por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Fue el comienzo de las FARC en los 60. También en esos años se formaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) liderada por Camilo Torres, el Movimiento 19 de Abril (M19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), entre otros. Desde el 60, comenta Camilo, existieron muchas guerrillas en Colombia que en el año 89 se desmovilizaron, salvo las FARC y el ELN. Las demandas de estos grupos fueron la reforma agraria, la democratización de la política, la elección popular de los alcaldes y gobernadores, salud y educación. Cabe recordar que hasta la reforma de la Constitución colombiana en el año 1991, los ciudadanos sólo elegían presidente y este, una vez en el poder, elegía a los alcaldes y a los gobernadores.

En el período de desmovilización de las fuerza guerrilleras, tras varios acuerdos con distintos presidentes, entre ellos Baco Vargas y Belisario Betancur (Acuerdos de la Uribe), los grupos guerrilleros formaron sus partidos políticos para participar de la arena política. Así nacieron la Unión Patriótica de las FARC, A Luchar del ELN y la Alianza Democrática del M19, entro otros partidos. Pero estos “acuerdos” fueron resistidos por grupos de militares, de latifundistas, de la burguesía, terratenientes, narcotraficantes, paramilitares, y en esta época, comenzó uno de los genocidios más importantes de Latinoamérica. Más de 4000 militantes de la UP fueron asesinados, y cerca de 1200 del brazo político del ELN. La historia del extermino de la UP y de los otros partidos políticos formados en aquellos años, generó, entre otras experiencias, la lucha de la Agrupación HIJOS que actualmente lucha por la reparación, por los autores materiales y políticos del genocidio, por la verdad acerca de las tierras apropiadas a los campesinos, por el rechazo al concepto de la autodefensa y por la memoria colectiva de aquellos hombres y mujeres que lucharon por una Colombia muy distinta a las que viven actualmente.

Camilo nos siguió contando la historia reciente, la responsabilidad de Uribe en la creación de los grupos paramilitares, quienes antes de su conformación como tales, fueron grupos armados legales –auto defensa civiles- que custodiaban las estancias y tierras de los terratenientes colombianos. Capítulo aparte merece la problemática de los paramilitares, de sus ejércitos contrainsurgentes, de la vinculación con el narcotráfico, y de las alianzas con el ejército colombiano responsables de masacres a comunidad rurales, y de la participación de los paramilitares en el extermino a la UP y otras fuerzas sociales de Colombia.

Los procesos de Paz, el Gobierno de Pastrana, la actual Ley de Justicia y Paz que proclama la desmovilización de los grupos armados paramilitares, la propia desmovilización de algunos de estos grupos, la no entrega de las tierras despojadas a los campesinos, el no trabajo sobre la memoria, las persecuciones políticas, el hostigamiento policial y los asesinatos políticos actuales, y la problemática de los miles de desplazados, fueron los temas que seguimos compartiendo con el militante de HIJOS en un encuentro inolvidable.

7 ene. 2010

Reseña en la Revista PUENTES (Nº 27, La Plata, diciembre de 2009)

"Un libro especial: El derecho a tener derechos "

Así se titula un manual de derechos humanos pensado para organizaciones sociales que acaba de tener su segunda edición, prologado por Roberto Gargarella. Es producto de una experiencia de larga data en la que participaron abogados, comunicadores, investigadores sociales y artistas.

Por Daniel Badenes

El derecho a tener derechos nació de una suma de prácticas militantes urgentes, siguió como una propuesta de extensión universitaria y ahora es –además- un producto editorial: un manual de derechos humanos atípico, orientado a la demanda colectiva respecto a derechos que las leyes consagran pero la mayor parte de las veces quedan en letra muerta.
Varios de los autores de ese manual –del que acaba de presentarse su segunda edición en menos de un año- participaron de los libros colectivos La criminalización de la protesta social (Agrupación HIJOS y Ediciones Grupo La Grieta, 2003) y Políticas de terror. Las formas del terrorismo de Estado en la globalización (Ad-Hoc, 2007, reseñado en Puentes 21). Más de una vez hicieron o recibieron llamados de urgencia por un desalojo o la detención de un compañero; más de una vez se encontraron respondiendo las mismas preguntas.
En el prólogo del libro, el constitucionalista Roberto Gargarella caracteriza el sistema político argentino como una democracia herida. Allí sostiene: Las vías de acción pública que han quedado en nuestro poder son extra-institucionales o directamente ilegales: primero se coloca a parte de la sociedad fuera de la ley, y luego se le reprocha el actuar desde fuera del derecho.
La obra de Gargarella, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, es una de las influencias del trabajo desarrollado en La Plata. Sus libros El derecho a la protesta: el primer derecho y El derecho a resistir el derecho, lo convirtieron en un referente para justificar la protesta social desde una perspectiva constitucional. El manual, que tuvo primero una tirada financiada por la Universidad Nacional de La Plata –de distribución gratuita entre organizaciones sociales- y ahora llega a las librerías con el sello de la editorial El Colectivo, se propuso llevar esas ideas a los barrios para convertirlas en herramientas de la movilización social.

Ampliar la democracia

El problema no es del voto, sino de la absoluta ausencia de mecanismos que ayuden al voto, lo complementen, permitiendo el diálogo, la circulación de voces capaces de ayudarse y corregirse mutuamente, escribe Gargarella. Como explican los autores de El derecho a tener derechos, muchos ciudadanos que ejercen cargos en el Estado (funcionarios, jueces y fiscales) o desarrollan su actividad profesional en los medios masivos de comunicación privados, impugnan la protesta social porque desconocen o se niegan a reconocer su estatus constitucional. Para estos ciudadanos, que casi siempre forman parte del mismo sector social (los sectores altos y medios), no habría que enfocar la protesta desde la Constitución Nacional sino desde el Código Penal (...) Esta mirada criminalizadora percibe a los sectores marginados como un peligro para la democracia, sin darse cuenta (o no queriéndolo hacer) que al perseguirlos jurídicamente no sólo están clausurando la democracia para importantes sectores sociales, sino proscribiendo la política, es decir, impidiendo a esos sectores ejercer el autogobierno.
Un Estado verdaderamente democrático, plantean, debería proteger en lugar de acallar la protesta, custodiar la expresión de los grupos desaventajados de la sociedad. No sólo porque la protesta social, en tanto libertad de expresión y de reunión, es el nervio de la democracia, una de las formas que asume el compromiso cívico, sino porque esos grupos protagonistas de la protesta no tienen las mismas oportunidades que otros sectores para expresar los problemas que obstaculizan el desarrollo libre de su plan de vida.
Los derechos se tienen cuando se ejercen, esa máxima del héroe independentista y poeta cubano José Martí atraviesa la publicación coordinada por Esteban Rodríguez, Mariana Relli y Gabriel Appella, que se propone repasar todo lo que el Estado prometió en tratados internacionales, y forjar con ello estrategias de lucha por el trabajo, la educación, salud o la vivienda. Un capítulo completo está dedicado a fundamentar el nervio de la democracia. En sintonía con Gargarella, afirman que el derecho a la protesta es el primer derecho en un estado democrático porque es el derecho que permite a los ciudadanos (sin la necesaria mediación de sus representantes) exigir públicamente la recuperación de los demás derechos.
El capítulo inicial, Promesa y actualidad de los derechos humanos, confronta todo aquello que el Estado se comprometió a garantizar, como contracara de su imagen cotidiana: el creciente abandono de los servicios básicos, la desidia del asistencialismo social y la violencia abusiva de los agentes policiales.
Los siguientes capítulos se dedican a temáticas específicas, entre las que se destacan los derechos frente a la violencia policial. La elección temática –que lejos está de agotar las promesas del Estado- encuentra explicación en la génesis del manual: un trabajo previo realizado durante años junto a las organizaciones sociales de la región.

Un ejercicio colectivo

El proyecto de El derecho a tener derechos empezó –y continúa- con talleres realizados con los militantes de los barrios en torno a temáticas definidas según sus necesidades, luego abordadas en los distintos capítulos: los derechos frente a abusos de las fuerzas de seguridad, los alcances del denominado derecho a la ciudad, y estrategias de comunicación comunitaria para superar el bloqueo mediático y replicar la experiencia en los barrios donde trabajan los grupos sociales destinatarios de la experiencia. Antes de ese trabajo se registra una larga experiencia de asesoramiento y defensa judicial de activistas, sumada a la reflexión académica sobre la criminalización de la pobreza y la protesta social desde un seminario organizado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
El manual se alimenta, sobre todo, de los talleres realizados con organizaciones territoriales a lo largo de años, formalizados en tres proyectos de extensión acreditados por la U.N.L.P. en 2005, 2006 y 2007, con la participación de varias facultades. El financiamiento de la iniciativa –con el aporte, también, de la Universidad Nacional de Quilmes- permitió la primera edición. La publicación lleva además el sello del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (C.I.A.J.) y la organización político-cultural Galpón Sur, partícipes del proyecto. Recientemente, la experiencia fue acreditada como programa de extensión universitaria en la U.N.L.P., lo que garantiza una continuidad por tres años más. Este año el equipo de concentró en hacer circular el manual presentándolo en distintas provincias y en algunos países de América Latina (Uruguay, México y Colombia) y realizando talleres para que las organizaciones le den uso en lugar de permanecer inmóvil en alguna biblioteca. En 2010 tienen previsto seguir el trabajo con un tema candente: los derechos de niños y adolescentes.
Lo más significativo del manual es que piensa en un interlocutor colectivo más que en un ciudadano suelto: La única manera de garantizar su ejercicio, sobre todo al interior de los sectores marginados, en situación de desventaja y vulnerabilidad, es la organización (...) No hay derechos sin organización.
No estamos ante la clásica guía de recomendaciones que enumera la policía no te puede detener sin razones. Al contrario, dice: la policía te detiene, y lo hace por ser morocho y pobre. Una vez asumida la realidad, propone respuestas alternativas al qué hacer cuando nos paran, cuando nos roban los documentos, cuando nos cachean y nos revisan, cuando nos llevan a la comisaría, cuando nos detienen más tiempo del que corresponde, cuando nos incomunican, cuando nos torturan, cuando nos empapelan (es decir, frente a una causa armada o fraguada) o ante casos de gatillo fácil, entre otras respuestas necesarias.
Un capítulo fundamental es el que se ocupa de la violencia de las fuerzas de seguridad, que tiende a ser la cara más conocida del Estado entre los sectores populares. El manual pone de relieve su ilegalidad y enseña formas de defenderse. Allí queda claro que la propuesta está dirigida a organizaciones sociales y no a sujetos individuales.
La propuesta de El derecho a tener derechos estimula que los ciudadanos se agrupen para defenderse y alienta la protesta social. Por eso, parte de los consejos refieren a cómo enfrentar la criminalización por intimidación pública, por sedición, por coacción o extorsión, por desobediencia a la autoridad o por daños, es decir, las formas más habituales de judicialización de una manifestación social. Por otra parte, detalla las modalidades del creciente abuso policial en la vida cotidiana. La policía no está para resolver la inseguridad objetiva (el delito) sino, sobre todo, la inseguridad subjetiva (el miedo al delito). La policía no persigue acciones ilícitas sino colectivos juveniles estigmatizados por la sociedad como vagos o sospechosos, advierten los autores.
En un aparado enfocado a rutinas aparentemente banales, apuntan que mirada la actuación policial a través de una situación particular, caso por caso, no hay delito. Pero si atamos cada uno de estos actos, si los comenzamos a relacionar, si empezamos a cruzar los datos, enseguida se podrá echar luz sobre estas prácticas, caracterizarlas y reencuadrarlas como posibles delitos. En tal sentido, la sugerencia es que las organizaciones sociales desarrollen un registro donde anoten los compañeros o vecinos que fueron detenidos o demorados, el día, la hora y el nombre o chapa del o los policías o el número de patrulleros si lo sabemos. (...) Con este registro no sólo se buscará determinar los protagonistas de estas prácticas institucionales sino, sobre todo, constatar que dichas prácticas siempre o casi siempre recaen sobre los mismos individuos o grupos de personas. Todo ello con miras, el día de mañana, a hacer alguna denuncia o presentación judicial (por ejemplo, presentar un habeas corpus preventivo) contra las prácticas o rutinas policiales por considerarlas abusivas, discriminatorias y violentas.
Este Manual de derechos humanos destinado a las organizaciones sociales no pretende ser completo, aclaran desde un principio: no van a encontrar aquí un apartado referido a los derechos que tienen las mujeres o los niños, o los aborígenes, o los inmigrantes, o los campesinos, y tampoco las estrategias posibles a desarrollar para poner de manifiesto los problemas que puedan tener esos grupos. Lo que sí queda planteado es el camino, una ejemplar experiencia de trabajo conjunto entre la universidad, organizaciones de derechos humanos y actores sociales de los sectores populares, que supo reconocer algunas tareas pendientes de los organismos de derechos humanos en Argentina, abocados hasta entonces fundamentalmente a la lucha contra los autores materiales e ideológicos del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar y contra la impunidad.