Los derechos, un modelo para armar

Página/12. 22 de marzo de 2010

Qué hacer frente a una conducta policial abusiva, cómo llevar adelante una protesta, de qué manera apropiarse de la ciudad. El derecho a tener derechos propone buscar estrategias colectivas ante la vulneración de derechos sociales.

No es un manual cualquiera: es un manual de derechos humanos para organizaciones sociales. No es un manual hecho sólo por profesionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP): es un manual nacido del diálogo con las organizaciones de base, que en el devenir diario muestran que derechos como a la alimentación, la vivienda digna y el trabajo no se cumplen. “La idea es partir de una situación problemática para la gente, revisar los derechos y establecer las estrategias para alcanzar un objetivo de cambio”, explicó Gabriel Appella, coordinador del proyecto. El derecho a tener derechos es el nombre del manual y del programa universitario que un abogado, un comunicador social y una geógrafa llevan adelante desde 2006 con el objetivo de agregar nuevos ejes de discusión en las organizaciones sociales y generar estrategias de lucha bajo dos premisas: “El derecho a la protesta es el primer derecho” y “Sin organización colectiva no hay derechos”.

La experiencia comenzó con talleres de capacitación para los referentes de organizaciones sociales de las localidades de Berisso, La Plata y el conurbano bonaerense que realizaba ad honorem un grupo de estudiantes y profesores universitarios, por iniciativa de los actuales coordinadores del programa, que además son militantes en el Frente Popular Darío Santillán y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Luego de tres años de trabajo militante, en 2009 la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP decidió incorporar los talleres como parte de los programas de extensión universitaria.

Para entonces, “el derecho a tener derechos” ya tenía en la calle la primera edición del manual (publicado por Editorial El Colectivo) que reunía la experiencia de debate entre lo académico y lo barrial. “El proyecto permite acercar al estudiante a las problemáticas sociales que desde carreras como la de Derecho se miran desde una perspectiva en la que el principal afectado está ausente”, resaltó Esteban Rodríguez, abogado, docente y coordinador del programa que tuvo sus orígenes en una cátedra sobre “criminalización de la pobreza y la protesta”.

Las preguntas surgidas al calor del debate abrieron varios ejes: derecho a la protesta, derechos frente a las prácticas abusivas y violentas de la policía y derecho a la ciudad. Esas problemáticas luego se transformarían en capítulos y a la hora de la publicación se sumaría uno más: comunicación comunitaria. “El abordaje comunitario del manual intenta ser una herramienta de mediación en los problemas y permitir la construcción de una solución colectiva entre organizaciones de derechos humanos, territoriales y una efectiva transmisión de los contenidos del manual por parte de los referentes en el barrio”, indicó Appella.

Los cinco capítulos del libro resumen problemáticas concretas, brindan recursos legales, divulgan documentos elaborados por otras organizaciones y recogen el aporte de las experiencias barriales en recuadros denominados “qué hacer”, algo así como una solución colectiva para la ausencia de derechos cotidiana.

“El manual no tomó como punto de partida el deber saber: ‘Vos tenés derecho a...’. No apuntamos a esa mirada del derecho porque trabajamos con organizaciones sociales que vienen cargando faltas concretas frente a los intereses de los sectores que los recluyen a la vulnerabilidad. Lo que se busca es que cada organización debata qué se puede hacer frente a las problemáticas y generar acciones colectivas”, resumió el abogado.

Con el manual editado y distribuido entre más de 300 organizaciones de base, sindicales y bibliotecas populares en todo el país, el trabajo continúa. “No es sólo entregar el manual y que se arreglen sino que, con un trabajo y acompañamiento, hay que apuntar sobre qué problemática del barrio se va a trabajar con el manual. Los ejes que acercamos lejos están de abarcar todas las problemáticas y tampoco dan soluciones. El manual viene a insertarse en una dinámica existente en las organizaciones para aportar nuevas miradas”, explicó Mariana Relli, geógrafa y coordinadora del programa.

Bachilleratos populares y docentes de nivel secundario llegaron a utilizar material del manual, que inicialmente no estaba preparado para esos espacios. Tampoco se esperaba trascender la frontera, pero la edición llegó a países como Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil, Venezuela y México. “El material tiene distintas formas de apropiación porque el manual se debe completar en el uso, según las problemáticas que vive cada organización”, advirtió Appella.

Informe: Nahuel Lag.

 Las vulneraciones ocultas

Con el eje derecho a la ciudad se busca sumar “la práctica de reconocer el hábitat degradado, la vivienda no satisfactoria y los barrios con problemas de servicios como una violación de derechos que no se visualiza”, resaltó la geógrafa Mariana Relli. Para Relli la dificultad radica en que “si un policía te tortura en una comisaría la violación del derecho es clara, pero si vivís en una casa que no tiene agua, piso de tierra y se te vuela el techo después de cada tormenta es una cuestión que cada en un plano individual y se analiza como una acción particular de tener plata para poder construir la casa”. Por eso, el manual busca poner texto en materia de legislación a la problemática para que las organizaciones, “a partir de las discusiones se armen de un bagaje que a la hora de ir a una gestión frente al Estado no queden conformes de volverse con cuatro chapas, que no les resuelve el problema del hábitat adecuado”.

Un enfoque superador

Los coordinadores de “El Derecho a Tener Derechos” dicen intentar ir un paso más allá de los manuales, a los que califican como “pequeño manual del detenido” porque, según el abogado Esteban Rodríguez, sirven si sos blanco, tenés anteojos y andás con dos libros bajo el brazo. “Si vos le informás a un pibe joven, pobre y morocho que lo que tiene que hacer en el barrio es decirle al policía ‘vos no me podés detener’ o ‘tengo derecho a una llamada’ al pibe le estás garantizando una paliza –afirmó Rodríguez–. Nuestra interpelación es qué tenemos que hacer como organización cuando se llevan detenido a un compañero o a un vecino del barrio. Por eso, decimos que ‘no hay derechos sin organización colectiva’.” Para el letrado del programa “cualquier ‘carrera’ de vulnerabilidad empieza con una detención, por ejemplo, por averiguación de antecedentes” y el problema es que “es muy difícil en el día a día del trabajo judicial demostrar que una detención es un hecho ilícito” por eso “hay que organizar una institucionalización de la problemática desde el barrio y cambiar la relación entre las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones sociales para que no sean una rueda de auxilio que llega cuando el problema ya explotó”.

 ‘‘Hay quienes no pueden esperar’’

En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner aseguró que ninguna protesta social sería interrumpida por la fuerza, cortando la herencia de represión y muertes desde los primeros piquetes en el segundo mandato de Carlos Menem. Pero el abogado y coordinador del manual recordó que “los gobiernos provinciales siguieron utilizando el Código Penal para poner en caja a la protesta social: los estatales en Santa Cruz, los mapuches en Neuquén, los tareferos en Misiones, los tobas en Chaco”. “Las organizaciones sociales llegan a la protesta porque su voz no es tenida en cuenta por las empresas que detentan la comunicación pública, mientras que el Estado no debería esperar un piquete con dos mil vecinos para que se abran las instancias de diálogo –resaltó Rodríguez–. La protesta social es la manera de darle cauce a un cúmulo de preguntas que tiene la sociedad para la clase dirigente. Criminalizarla significa dejar sin voz al sector más vulnerable de la sociedad. La Constitución prevé el sufragio electoral para que el pueblo pueda expresarse, pero hay sectores sociales que no pueden esperar: si un chico está desnutrido, se muere. Entonces, lo que hacen no es ir contra la ley sino actualizar derechos como la libertad de expresión”, resumió. Appella agregó que “hay una estigmatización sobre los sectores que recurren a la protesta. Hay un consenso en el resto de la sociedad: molestan, no quieren trabajar, son vagos; todas son construcciones que dan resorte al Estado para ver delitos donde hay un reclamo por derechos”. Frente a eso, el manual plantea “la comunicación comunitaria como una manera de incidir en el espacio público a través de diferentes estrategias que permitan construir otro sentido”, indicó el coordinador.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/