29 ago. 2009

Reseña en la Revista Tinta Roja

En el mes de junio Inés Aprea y Juan Grijera, integrantes del colectivo Tinta Roja, entrevistaron a miembros del equipo del Programa El derecho a tener derechos, Mariana Relli y Esteban Rodríguez. El punto de partida fue el Manual, pero la conversación giró también en torno al lugar que tienen los derechos humanos en la protesta social, en las transformaciones sociales y en las apuestas que van ensayando los movimientos sociales en la Argentina. La entrevista apareció publicada en el tercer número de la revista Tinta Roja (agosto, 2009) con el título "El derecho a la lucha" y cuenta además con una reseña del Manual que fue realizada por la compañera Ines Aprea que reproducimos abajo. La revista se la puede conseguir en las librerías de la ciudad de La Plata. Para consultar el sitio de Tinta Roja, ingrese aquí:





EL DERECHO A LA LUCHA

por Ines Aprea

A la hora de actuar frente al poder del estado, a cualquier tipo de organización se le presenta un escollo que no puede evadir: la cuestión jurídica. El conjunto de leyes y normas, a menudo contradictorias, que despliegan los estados capitalistas como marcos de regulación, supone que gran parte de las luchas sociales se plasmen en el ámbito de lo legal. Es ahí donde, una y otra vez, vuelve a ponerse de manifiesto que saber es poder.

Los autores de este manual lo tienen claro. Con una redacción y un diseño orientados a un uso práctico, El derecho a tener derechos desarrolla una serie de contenidos que apunta fundamentalmente a generar respuestas frente a la criminalización de la protesta social, pero además a recoger la experiencia del trabajo político en el seno de organizaciones territoriales para brindarlo a nuevas posibilidades. La edición fue impulsada conjuntamente por Galpón Sur y el CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica), con el apoyo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. El propio nombre del manual, proviene de un proyecto de extensión desarrollado en el marco de la Universidad, experiencia que sentó las bases para la elaboración de esta herramienta. Se trata de un valioso material que permite la socialización de ciertos conocimientos técnicos para que puedan ser apropiados por las organizaciones sociales, en su defensa y en beneficio de su desarrollo.

En sus inicios, las organizaciones obreras fueron impulsadas en el marco de conflictos laborales que, haciéndose visibles a través de la acción directa y la protesta, tuvieron que repercutir en el ámbito legal para alcanzar beneficios inmediatos e impostergables que se fueron incorporando como conquistas históricas. Tal es así que nuestro 1º de mayo, la fecha de los trabajadores, recuerda justamente la lucha descarnada por la jornada de ocho horas, que logró imponerse como ley cuando ya corría la sangre, emanando ese impulso que -más temprano o más tarde- se propagaría al mundo entero. Los autores del manual afirman, evocando a Martí, que “los derechos se tienen cuando se los ejerce” y que no hay otros derechos ni beneficios que los que se conquistan con la lucha.

Pero el manual presenta además otro elemento novedoso y saludable. Con la declaración los Derechos Humanos en 1948, la escena de lo legal como ámbito de disputa tomó nuevas dimensiones. Después de una operación de muerte tan inmensa como la de los genocidios de la segunda guerra, parece evidente que los avances en materia de DDHH acompañaron a ese proceso que condujo a lo que se ha llamado a veces posición defensiva de los movimientos de emancipación: sobre las cenizas ardiendo, se inventa el matafuego. Así es como los pactos y tratados siguientes se elaboraron a medida que se examinaban las sucesivas masacres de aquella retracción, como bien lo ilustra el desenlace de las dictaduras en Latinoamérica. El resultado de ese retroceso se comprobó luego en la miseria y el desplome social que supuso la victoria del capitalismo en su versión neoliberal, en la masa de pobres y desocupados que pueblan los márgenes de la ciudad y deambulan en sus calles, instantánea permanente de la violencia intrínseca a las relaciones sociales triunfantes. No obstante, en nuestro país, la reivindicación de los DDHH estuvo y está asociada más que nada a las pérdidas enormes de la dictadura y ligada así a los organismos que encabezaron la lucha por la verdad y la justicia. Evaluando las deudas de esa concepción hacia los problemas presentes, -que no son más que el reflejo de aquellas pérdidas- el manual promueve una actualización de la agenda de los DDHH, generando otro marco en el que se hagan visibles los reclamos populares en el marco de un proceso de lento despertar.

Ya en los años noventa, como otro dato que da cuenta de esa posición inminentemente defensiva, surgieron nuevos organismos de DDHH a partir de la necesidad de combatir las políticas represivas del estado; los abusos policiales como el gatillo fácil, las torturas y las detenciones ilegales; la criminalización de la protesta y la persecución y detención de militantes populares. La CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional)[1], nacida en 1992, y el CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), creado en 1997, intervienen desde entonces, con su experiencia militante y su formación profesional, en la denuncia pública de los casos de represión y en la lucha por la libertad de los presos políticos. La primera apuntando sobre todo a las situaciones de violencia institucional, la segunda orientada más fuertemente a la defensa de los trabajadores en situación de conflicto, sean despidos, huelgas o tomas de empresas.

La experiencia que dio origen a la publicación de El derecho a tener derechos, incorporó además otras problemáticas. Es así como se plantea la reivindicación del acceso a la vivienda y los servicios urbanos; aportando además instrumentos de acción, a partir de la socialización de estrategias de comunicación comunitaria y de la promoción de proyectos de desarrollo territorial.En estos días, mientras un sector importante de la sociedad defiende su posición de clase en nombre de su derecho (el derecho a que el estado preserve su integridad y sus bienes con la ley del garrote), este manual, que aplaudimos y celebramos, pone el grito en el cielo: los derechos sociales son instrumentos a favor de los grupos desaventajados, no de los sectores acomodados. A la criminalización de la pobreza y de la protesta social se le responde con el ejercicio del derecho fundamental, que es el derecho a la lucha y la organización. Una concepción de la justicia que nos trae algo más de viento a favor.

[1] Recientemente, la CORREPI Sur ha cambiado su denominación, y difundieron en una gacetilla de prensa que “Desde su fundación CORREPI SUR ha recorrido un largo camino en el que se sumaron nuevos compañeros, compañeras y organizaciones que venían de otras experiencias en la lucha contra la represión y por los derechos humanos. A partir de dicha coordinación entendimos que había llegado el momento de encarar una nueva etapa, logrando una síntesis superadora que tome lo mejor de todos estos años de experiencia en la lucha antirrepresiva y lo conjugue con las nuevas necesidades que requiere el momento histórico. Es así que decidimos refundar este organismo antirrepresivo y de derechos humanos, que desde ahora en más pasará a llamarse CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo).” Página de ANRed, link: http://www.anred.org/breve.php3?id_breve=4095

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